Como constató la presidenta de AMADE Pilar Ramos, en su comparecencia ante la Comisión de investigación de Residencias en la Asamblea de Madrid, “el modelo de sociedad actual, facilita que se nos olviden los mayores”.
Por muy demoledora que parezca la frase es el reflejo de una realidad que no debería pasar desapercibida, solo hay que observar como la sociedad deja de contar con los mayores, los arrincona porque ya no son necesarios, “a los viejos se les aparta después de habernos servido bien”, como diría Serrat.
A pesar de que los políticos buscan fórmulas sociales para ayudarles a cubrir sus necesidades y las familias para asegurar sus cuidados, además de ofrecerles todo el cariño y la cobertura emocional que sus propias circunstancias les permiten.
Y aunque se realicen muchos estudios, valoraciones, y estadísticas, donde se puedan constatar cómo nos preocupan nuestros mayores, eso no evita que la otra realidad no exista.
La realidad es que “nos ocupamos de los mayores, pero sin contar con ellos”, organizamos su vida, les ofrecemos todo aquello que creemos les puede gustar, y les protegemos ante lo que consideramos les es adverso, como a los niños pequeños, pero con una diferencia, a los niños se les escucha y se pide su opinión desde que empiezan a darla, a los mayores se les deja de escuchar y preguntar según van cumpliendo años.
Este “intervencionismo hacia el mayor” se produce buscando su beneficio, pero en realidad lo que se consigue es colocar al mayor en un lugar que tranquiliza nuestra conciencia, es como haber encontrado la solución a un problema que nos aquejaba, y a partir de ahí nos olvidamos de él.
Está tan normalizada esta situación, que la sociedad en general no es consciente de que detrás de esta sobreprotección del mayor, se encuentra una vulneración de su capacidad de obrar, de su derecho a decidir sobre las cosas fundamentales de su vida.
Pero lo más significativo es que la sociedad tiene la obligación de garantizar estos derechos, y todos formamos parte de esa sociedad, en primer lugar su familia, los políticos, las administraciones públicas, los medios de comunicación,…, y en el caso de la persona mayor que vive en una residencia, además, la institución residencial donde reside.
Es del conocimiento general, que en las residencias viven personas mayores, muchas de ellas con patologías que les impiden realizar por si solas las actividades básicas de su vida diaria.
Por lo tanto, hablamos de personas, de vivienda y de salud.
Todos sabemos cómo funcionan y se relacionan estos tres conceptos, ya que a todos nos afectan. Pero las dudas aparecen cuando hay que relacionarlos con los de persona mayor y dependiente.
Parece que estos dos nuevos conceptos lo distorsionan todo, hasta el punto de que la realidad es que la persona mayor y dependiente, pasa a ser persona en otro nivel o categoría.
Sí analizamos separadamente los conceptos reseñados, nos encontramos con:
- La PERSONA, que solo por el hecho de serlo, tiene unos derechos en el ámbito personal, público y socio-económico.
Y de todos los derechos fundamentales de las personas, en el caso de una persona mayor y dependiente, debemos reseñar más especialmente, que tiene derecho a una vida digna, a ser informado, a participar de las decisiones que le atañan, a su privacidad, a su intimidad, a no ser discriminado, a un hogar, a ser cuidado, etc.
En las residencias trabajamos por y para las personas mayores, por lo que conocemos estos derechos y los protegemos en la medida en que pueden verse afectados por nuestras actuaciones, dentro de la estructura de una institución; a los residentes se les informa, se tiene en cuenta sus gustos, sus opiniones, se preserva su intimidad y su imagen, se les proporciona cuidados adaptados a sus necesidades, etc.
Todo ello con la complejidad de proteger los derechos de todas las personas mayores que viven en el centro, en un entorno de una organización residencial, y teniendo que defender la aplicación de estos derechos, en algunas ocasiones ante la incomprensión de los familiares.
- La VIVIENDA habitual de la persona mayor, es decir de su casa.
Detrás de este concepto tan simple, hay otras connotaciones que podríamos valorar, cómo sí ha sido una opción libre de la persona mayor o sí se sentirá a gusto en ella.
Podemos asegurar que la persona mayor, por si misma no elegiría vivir en una residencia, si no estuviera condicionada por las circunstancias.
La segunda premisa, hacer que la persona mayor se sienta como en casa, ese es el verdadero reto para las residencias. No hay que olvidar que como instituciones, tenemos que organizar la vida dentro de la residencia para que sea accesible para todos, por lo que hay que distribuir espacios y habitaciones, establecer horarios, servicios de comedor, actividades, es decir, elementos que distorsionan la consideración de hogar.
Los profesionales del sector somos conscientes de su importancia, por ello todos los cambios realizados en la organización de las residencias y en el modelo asistencial de los últimos años, han ido dirigidos a hacer que las personas mayores que viven en nuestros centros, se encuentren a gusto, se sientan felices, que realmente consideren que están en su casa.
Con ello en las residencias intentamos hacer realidad su derecho a elegir donde vive, buscando su felicidad y confort como si estuvieran en su hogar.
- La SALUD, aquí es donde las residencias encontramos mayor incomprensión.
Las familias necesitan para su tranquilidad que cuidemos de su salud, que nos encarguemos de sus tratamientos, medicación, alimentación, revisiones médicas, asumiendo que somos parte del Sistema de Salud.
En los centros de salud y hospitales nos miran con recelo, no tienen claro cuál es nuestro sitio en el Sistema, y presuponen que nuestra función sanitaria es mayor que la que realizamos, entendiendo que estamos haciendo dejadez de funciones en algunos casos.
Por parte de la Administración, cada año se incrementan las exigencias técnicas en los servicios sanitarios, lo que hace que aumente la confusión en el resto de los interesados, y obliga a las residencias a ampliar sus competencias dentro de un ámbito sanitario para el cual no están constituidas, ni dotadas, ni entra dentro de su definición de actividad.
Sí partimos del principio de que todas las personas tienen derecho a una atención sanitaria, y el Sistema Público de Salud tiene unas prestaciones asistenciales para todos los ciudadanos, independientemente de donde vivan, ¿por qué este mismo principio no se aplica a las personas que viven en una residencia?.
Los titulares de las residencias sabemos que la persona mayor que vive en nuestros centros, tienen derecho a la sanidad, por eso, a pesar de la carga que esto supone, asumimos esa responsabilidad, asegurando que tenga los servicios que necesita acordes a su situación clínica, proporcionando los básicos en los centros, y haciendo lo necesario para que reciba el resto de prestaciones, es decir asegurando el derecho a la sanidad del residente en cualquier situación.
Esto se ha visto con gran claridad en la crisis sanitaria producida por el Covid-19, las residencias han tenido que sustituir a los centros de salud y a los hospitales, prestando en todo momento las atenciones sanitarias que estaban a su alcance, y todo ello con la falta de apoyo del sistema de salud pública y desde la falta de dotación y la escasez de recursos.
Pero en esta crisis no solo se ha vulnerado derechos de la personas mayores residentes en el ámbito de la salud y a una muerte digna (aunque haya sido el que más daño haya ocasionado), además, y en mayor medida que al resto de la población, también se han limitado su derecho a la libre circulación dentro y fuera de la residencia, y a poder ser visitado por todos sus familiares o allegados, desde el 8 de marzo de este aciago 2020 y hasta nuestros días.
Porque en las residencias trabajamos por y para las personas mayores, sabemos que en el día a día, los verdaderos derechos de la persona mayor que hay que proteger están basados en su capacidad de obrar.
La ley establece que todas las personas tienen capacidad de obrar, y por lo tanto, capacidad de decidir mientras no estén incapacitadas; todas las personas tiene derecho a ser informadas y dar su consentimiento (en función de su capacidad cognitiva) para cualquier actuación que se relacione con su vida, su salud, su dignidad, su imagen, etc., es decir, los derechos que todos tenemos.
La pregunta es, ¿Cuándo una persona mayor deja de saber lo que le interesa para su salud y bienestar? ¿Cuándo deja de saber lo que le gusta y lo que le hace feliz?
Ante estas preguntas nos encontramos con tres escenarios, donde las residencias, tenemos muy claras las respuestas:
- Aportamos nuestra colaboración a la persona mayor que tiene intacta su capacidad de obrar y decidir
- Ayudamos y asistimos para que pueda ejercer esos derechos a la persona mayor que sufre un deterioro cognitivo (la famosa zona gris), y puede tener alterada su capacidad de obrar.
- Salvaguardamos y acompañamos al tutor legal a ejercer estos derechos, para la persona mayor incapacitada legalmente.
En las residencias sabemos la importancia de su aplicación y de su protección, porque tenemos la obligación de salvaguardar estos derechos, legalmente en algunos casos, y moralmente siempre.
Quizás estamos hablando de conceptos difíciles de manejar para las familias y para la sociedad en general, aunque no se aprecie como tal, las residencias podemos erigirnos, sin lugar a dudas, en las garantes de los derechos de los mayores dependientes.
Con ello estamos colocando en su lugar en la sociedad a nuestros mayores y esperamos que sea un paso hacia esa visibilidad como PERSONAS, dejando aparcados el resto de conceptos, que en ningún caso deberían ir en detrimento de la persona mayor, en una sociedad donde su palabra, experiencia y opinión, por ser sumamente valiosas, deberían ser más tenidas en cuenta.
