En nombre de la seguridad nacional

Por: FLIP

Tres años después de las denuncias de perfilamientos a periodistas realizadas por el Ejército, indagamos sobre las nuevas tecnologías con capacidad de vigilancia que está adquiriendo el Estado. Sin embargo, cada vez nos surgen más preguntas (sin respuestas): ¿por qué vigilan y clasifican sólo las publicaciones periodísticas relacionadas con la fuerza pública?, ¿qué datos han recolectado?, ¿cuál es su finalidad?, ¿quién lo autoriza? y ¿qué herramientas tecnológicas utilizan?
 

Bajo el pretexto de la lucha contra el crimen y la protección de la seguridad nacional, los Estados han sofisticado su arsenal tecnológico para acceder remota y secretamente a dispositivos electrónicos, extraer información y monitorear a sus ciudadanos sin levantar sospechas. Los efectos de estas vigilancias en los y las periodistas no son menores. Estas generan afectaciones psicológicas, exilios, impactos diferenciados en las mujeres y abandono de sus fuentes y de sus cubrimientos. 
 

Entre contrataciones secretas, omisiones en las operaciones de inteligencia y opacidad sobre estos asuntos, la militarización de las tecnologías en Colombia quedó demostrada una vez más. A pesar de las constantes alertas, no podemos conocer el alcance de estas acciones por tratarse de asuntos de “seguridad nacional”.

En el caso colombiano, el Estado aún sigue en deuda de tomar responsabilidades en este tema. Es fundamental discutir sobre mecanismos de transparencia y rendición de cuentas efectivos para que se prevengan abusos y no se repitan las vulneraciones a los derechos de las y los periodistas, que desde años y gobiernos anteriores han sido objeto de perfilamientos.

Una sospecha permanente

Por: María Alejandra Villamizar Maldonado, periodista. 
 

Debía ser el primer semestre de 2014. Estaba en el despacho del ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón. Tuvimos frente a las fotos, nombres y conexiones entre los líderes guerrilleros de las FARC , me preguntó con el tono de intuir la respuesta: ¿usted los conoce a todos, cierto? Me llamó la atención la pregunta y le respondí de inmediato. No los conocía a todos, a algunos sí, después de casi una década de cubrimiento de los procesos de paz, y como asesora de la Oficina del Alto Comisionado de la Paz de la Presidencia estos guerrilleros habían sido objeto de trabajo. Y en seguida me soltó la siguiente frase: “María Alejandra, ¿por qué no se viene a trabajar de este lado?”. 
 

Ese es el centro del problema: la misma institucionalidad me ha puesto “de un lado”. Esta anécdota sirve de contexto para ilustrar lo que para mí ha sido una constante en más de 28 años de trabajo y es que los militares han creado una sospecha permanente sobre mi trabajo profesional, señalando cercanía o incluso pertenencia a una de las guerrillas colombianas. 
 

Ya en el 2019, ya vinculada al Canal Caracol propuse una entrevista con el jefe de la delegación del ELN “Pablo Beltrán”. El canal respaldó la propuesta, el ELN aceptó la entrevista y fue así como se hizo y se publicó el 3 de marzo. Desde ahí comenzó el nuevo capítulo de los perfilamientos.
 

En el 2020, en plena pandemia, supe que mi nombre, mis datos personales y más detalles de mi vida privada, estaban en una carpeta de la inteligencia militar , junto a la de un grupo grande de periodistas. 
 

Desde entonces la historia se ha venido desarrollando. Me dedicaron una operación de inteligencia con fuentes abiertas OSINT, sustentada en la Ley de Inteligencia. ¿Cuál era el objetivo de perfilar a una persona que, en su condición de periodista, tiene una vida pública? Según dice el documento investigaban la posible relación con Pablo Beltrán.
 

Más de 200 colegas en una carta pública se unieron a la pregunta. Todavía no lo sabemos. Lo que estamos pidiendo es que retiremos nuestros nombres de cualquier seguimiento que pretenda sembrar señalamientos de vínculos con grupos ilegales por realizar tareas periodísticas, como una entrevista a un jefe de un grupo ilegal —que hoy vuelve a ser protagonista de una mesa de negociaciones—.